Es posible que no tenga remedio, la irrefrenable tendencia que tienen nuestros políticos, o muchos de ellos, de lanzarse a un frenesí de prohibiciones y castigos a todo trapo, en cuanto llevan más de un par de días en sus cargos respectivos.
Hace tiempo que parece estar en el olvido la condición de ‘representantes del pueblo’ que la democracia ostenta a los ejercientes de cargos públicos y esa pasión prohibitiva es un claro ejemplo de ello.
Es obvio que, en la labor de gobierno está implícita la regulación de la convivencia y, en ella, la limitación de determinados comportamientos. Para ello, la cultura popular, siempre sabia, nos ha dejado un libro de cabecera resumido en una frase: “la libertad de uno termina donde empieza la de los demás”.
En la fiebre ‘prohibidora’ de nuestros gobernantes, nunca sabe uno dónde termina el respeto al prójimo y dónde comienza el afán recaudatorio y la politización de todas las cosas. En cuestiones relacionadas con el tráfico, por ejemplo, no parece muy lógico que un conductor con 20 años de experiencia, en plena disposición de sus facultades físicas y mentales y sin accidentes en su ‘hoja de servicios’ tenga el mismo límite de velocidad que un señor de 80 años, que un joven de 18, que un novato con 13 meses de carné o que un tipo que lleve años como ‘cliente del mes’ en el desguace más próximo.
Es evidente que si el sentimiento del legislador fuera puramente en pro de la seguridad y de la disminución del número de muertes, se apostaría mucho más por la educación vial; se establecerían exámenes para la renovación periódica de la licencia tras determinados años; se haría una legislación más rígida para homologar los permisos procedentes de otros países; se endurecerían las pruebas de acceso al carné de conducir; y sobre todo, se personalizarían un poco los límites y las prohibiciones, según el historial y las características de los conductores.
Pero sin duda, la prohibición más de moda, a día de hoy (y nunca mejor dicho) es la del ‘fumeque’ en lugares públicos. Yo, de natural liberal y partidario de que sea el ‘mercado’ y la ‘sociedad’ quienes regulen muchas de las cosas que nuestros representantes quieren regular ellos según sus gustos particulares, he de reconocer que aquí tengo un límite.
Llámenme aprensivo, pero mis tendencias liberales tienen una frontera inquebrantable que se llama la propia vida. Y es que en esto del tabaco, estamos hablando de una actividad que, al parecer, está demostrado que provoca la muerte, más pronto que tarde, no sólo del practicante sino de sus pasivos vecinos.
Ante la alarma generalizada y las previsiones más pesimistas en cuanto a sus efectos para la hostelería, como empresario de la hostelería creo (y espero) que terminaremos acostumbrándonos, aunque es evidente que la primera andanada de la ley, ésa que obligó a establecer lugares de fumadores y no fumadores, supuso un quebranto cuyo testimonio queda ahora incrustado en las cuentas de pérdidas y ganancias de los emprendedores; aquellos que, hoy por hoy, seguimos tratados como ‘sospechosos’, en este país en el que la creación de empleo continúa pareciendo un crimen.
Hace tiempo que parece estar en el olvido la condición de ‘representantes del pueblo’ que la democracia ostenta a los ejercientes de cargos públicos y esa pasión prohibitiva es un claro ejemplo de ello.
Es obvio que, en la labor de gobierno está implícita la regulación de la convivencia y, en ella, la limitación de determinados comportamientos. Para ello, la cultura popular, siempre sabia, nos ha dejado un libro de cabecera resumido en una frase: “la libertad de uno termina donde empieza la de los demás”.
En la fiebre ‘prohibidora’ de nuestros gobernantes, nunca sabe uno dónde termina el respeto al prójimo y dónde comienza el afán recaudatorio y la politización de todas las cosas. En cuestiones relacionadas con el tráfico, por ejemplo, no parece muy lógico que un conductor con 20 años de experiencia, en plena disposición de sus facultades físicas y mentales y sin accidentes en su ‘hoja de servicios’ tenga el mismo límite de velocidad que un señor de 80 años, que un joven de 18, que un novato con 13 meses de carné o que un tipo que lleve años como ‘cliente del mes’ en el desguace más próximo.
Es evidente que si el sentimiento del legislador fuera puramente en pro de la seguridad y de la disminución del número de muertes, se apostaría mucho más por la educación vial; se establecerían exámenes para la renovación periódica de la licencia tras determinados años; se haría una legislación más rígida para homologar los permisos procedentes de otros países; se endurecerían las pruebas de acceso al carné de conducir; y sobre todo, se personalizarían un poco los límites y las prohibiciones, según el historial y las características de los conductores.
Pero sin duda, la prohibición más de moda, a día de hoy (y nunca mejor dicho) es la del ‘fumeque’ en lugares públicos. Yo, de natural liberal y partidario de que sea el ‘mercado’ y la ‘sociedad’ quienes regulen muchas de las cosas que nuestros representantes quieren regular ellos según sus gustos particulares, he de reconocer que aquí tengo un límite.
Llámenme aprensivo, pero mis tendencias liberales tienen una frontera inquebrantable que se llama la propia vida. Y es que en esto del tabaco, estamos hablando de una actividad que, al parecer, está demostrado que provoca la muerte, más pronto que tarde, no sólo del practicante sino de sus pasivos vecinos.
Ante la alarma generalizada y las previsiones más pesimistas en cuanto a sus efectos para la hostelería, como empresario de la hostelería creo (y espero) que terminaremos acostumbrándonos, aunque es evidente que la primera andanada de la ley, ésa que obligó a establecer lugares de fumadores y no fumadores, supuso un quebranto cuyo testimonio queda ahora incrustado en las cuentas de pérdidas y ganancias de los emprendedores; aquellos que, hoy por hoy, seguimos tratados como ‘sospechosos’, en este país en el que la creación de empleo continúa pareciendo un crimen.
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