“¿Ahora quién restituye la imagen de este señor?” La frase la ha pronunciado mucha gente en estas semanas; y la escribí yo, en este mismo espacio, no hace demasiado tiempo, a propósito del linchamiento mediático al padre de los niños desaparecidos en Córdoba; un señor, por cierto, del que seguimos sin tener pruebas de que haya cometido algún delito.Ahora, estas palabas vuelven a primer plano de la actualidad a causa de la sentencia de Francisco Camps. Juez y jurado consideran que no está probado que el individuo en cuestión recibiera unos trajes y, ni mucho menos, que en todo caso ello fuera como pago a unos servicios prestados desde su puesto institucional, fuera de sus atribuciones legales.
El caso es que, en ese tránsito hacia la decisión del jurado, Camps dejó de ser presidente de la Generalitat valenciana, abandonó a un lado su actividad política y cambió su vida de una manera radical. El motivo, según han dicho los tribunales, no fue que hubiera cometido errores de gestión, ni tan siquiera que hubiera metido el ‘cazo’ donde no debía. El motivo fue, única y exclusivamente, si hacemos caso a la justicia, una vez más, el ensañamiento de los medios, o de una parte de ellos, para conseguir un fin político.
Tenemos la puñetera manía, en este santo país que conocemos como España, de permitir que todo hijo de vecino se líe la manta a la cabeza y despotrique, acuse sin pruebas, ataque, insulte o descalifique a quien primero se le ocurra. Y todo eso, al parecer, sale gratis. Sale especialmente gratis cuando se trata de nosotros, los periodistas, que no sé por qué nos hemos convencido de que tenemos carta blanca para contar lo primero que se nos ocurre sin dar tres cuartos al pregonero.
En otros países, las causas judiciales están protegidas de los medios de comunicación y los periodistas no pueden informar de ellas hasta que no se ha terminado el juicio. La medida, que algún ‘premio nobel’ considerará censura, no hace sino velar por la inocencia de quien aún no se ha demostrado culpable, lo cual es uno de los pilares de un sistema democrático de derecho y de derechos; pero también por la veracidad informativa.
He escuchado a más de un descerebrado, esta semana, decir que la sentencia no prueba la inocencia de Camps, sino sólo que no es culpable; y que debería ser Camps quien demostrase su inocencia. El estúpido en cuestión debe ignorar que nuestra Constitución, que todavía sobrevive a tanto desalmado y tanto energúmeno, protege la inocencia de los ciudadanos (españoles o no) hasta que no se demuestra lo contrario.
Y mientras, los medios y, seguro, alguno o muchos compañeros, dirán que estoy atacando la libertad de expresión y el derecho de la información. Sin embargo, amigos, quiero recordar únicamente que el sujeto del derecho de la información no es el periodista, como muchos creen, sino el ciudadano. Y que la información que no es veraz, que no está contrastada o que se adelanta sin las pruebas suficientes, no es información sino intoxicación.
No tengo ninguna simpatía por el señor Camps, al que ni tengo el gusto de conocer ni he seguido de cerca en su gestión política. Pero una vez más, la sentencia del jurado se me ha clavado en mi alma de periodista como un aguijón envenenado, que muestra de nuevo la falta de rigor que gasta muchas veces mi profesión, a la que amo y por la que me entrego día a día. Me uno a todas las peticiones de respeto a nuestros derechos, pero creo que deberíamos empezar cumpliendo nuestras obligaciones.
